Al día siguiente llamé a Carmen. Pero no para iniciar el divorcio. Para hacer algo diferente.
—Necesito entender exactamente qué tenemos y cómo está todo estructurado —le dije—. Con detalle. Todo.
Carmen era buena abogada precisamente porque no hacía preguntas innecesarias cuando el cliente tenía una voz determinada. Empezamos a trabajar.
Lo primero que descubrí fue algo que Rodrigo nunca había considerado relevante contarme: la empresa que habíamos construido juntos, esa empresa de logística que arrancó en un garaje hace once años y que ahora facturaba millones, estaba registrada de una manera muy particular. Rodrigo figuraba como director y socio mayoritario. Pero la propiedad intelectual del sistema de rutas, el algoritmo que hacía que todo funcionara y que era la razón real por la que los clientes nos preferían, lo había desarrollado yo durante los primeros cuatro años, antes de que Valentina naciera y yo me quedara manejando la casa.
Ese sistema estaba patentado a mi nombre.
Carmen lo vio antes que yo.
—Elena —dijo, con una voz que nunca le había escuchado—, ¿sabes lo que esto significa?
Lo sabía. Pero dejé que ella lo explicara de todas formas.
Sin el algoritmo, la empresa no era la empresa. Era una flota de camiones y una lista de contactos. El valor real, el que había atraído recientemente a tres fondos de inversión internacionales, residía completamente en ese sistema. Y ese sistema era mío.
Rodrigo podía quedarse con el 60% de una empresa que sin mi patente valdría una fracción de lo que él creía que valía.
Pasé los siguientes dos años siendo meticulosa. Documenté todo. Actualicé la patente. Registré una nueva empresa a mi nombre, de manera completamente legal y transparente, a la que transferí los derechos de uso del algoritmo mediante un contrato con fecha y notario. La empresa de Rodrigo seguía funcionando, seguía usando el sistema, pero ahora lo hacía bajo una licencia que yo controlaba y que, en caso de disolución del acuerdo matrimonial, quedaba automáticamente suspendida.
Carmen revisó cada paso tres veces.
—Esto es perfectamente legal —confirmó.
—Lo sé —dije yo—. Por eso lo hice así.
El día del juzgado, Rodrigo llegó con su abogado, un hombre llamado Fuentes que tenía fama de ser agresivo en las negociaciones y que esa mañana llevaba una sonrisa de quien cree que ya ganó.
Yo firmé todo lo que Rodrigo pedía.
La casa. Los departamentos. La cuenta de inversiones. El auto. El 60% de la empresa.
Firmé con letra clara y sin dudar, y Rodrigo me miraba con algo que en su cara se parecía demasiado a la lástima.
Fue entonces cuando Carmen colocó sobre la mesa un segundo documento.
Fuentes lo tomó. Lo leyó. Lo volvió a leer.
Y se puso pálido.
—¿Qué es esto? —preguntó Rodrigo, mirando a su abogado.
Fuentes tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz había perdido toda la seguridad de la mañana.
—Es… una notificación de suspensión de licencia.
—¿Qué licencia?
Carmen habló antes de que Fuentes pudiera ordenar sus pensamientos.
—La licencia de uso del sistema de optimización de rutas LogiPath, patente número 4471-B, registrada a nombre de Elena Vargas de Montoya. Dicha licencia, según contrato firmado hace dieciocho meses, queda automáticamente suspendida en caso de disolución del vínculo matrimonial, salvo acuerdo expreso entre las partes.
El silencio en la sala duró exactamente cuatro segundos.
—Sin ese sistema —continuó Carmen con total calma—, el valor de mercado de la empresa se reduce aproximadamente un 80%. Los tres fondos de inversión que tienen ofertas activas sobre la compañía tienen cláusulas de due diligence que hacen referencia explícita a la patente. Si la licencia se suspende, las ofertas se caen.
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